La Provincia de Tucumán continúa siendo una de las cuatro provincias que no poseen una Ley de Acceso a la Información Pública. En ese contexto, desde ACIJ y ANDHES consideramos que el anuncio realizado por el gobernador con respecto al envío de un proyecto de ley a la Legislatura para garantizar este derecho constituye una oportunidad valiosa, y solicitamos la apertura de un procedimiento abierto y participativo para que el proyecto sea debatido con la sociedad civil.
Para comenzar, es casi una obligación traer a colación el ya consolidado criterio que sostiene que el derecho de acceso a la información es fundamental para la existencia misma de toda sociedad democrática, e incluso esencial para el progreso, bienestar y disfrute de todos los derechos humanos (Por ejemplo, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (en adelante, “CIDH”), ha entendido que la implementación efectiva de este derecho
“(…) fomenta la lucha contra la corrupción, contribuye de manera decisiva al establecimiento de
políticas de transparencia, necesarias para fortalecer las democracias y el respeto por los derechos
humanos, así como promueve mercados económicos estables, justicia socioeconómica y facilita
prácticas efectivas de negocios” (cfr. “Estudio especial sobre el derecho de acceso a la información”,
2007, página 9)
El acceso a la información pública es una herramienta clave para el ejercicio de los derechos y la vigencia del sistema democrático. Cuando se asegura que las personas accedan libremente a la información que está en manos del Estado, se generan las condiciones para potenciar la participación ciudadana y su influencia en los procesos de toma de decisiones. Ello hace posible promover mejoras en la calidad de las políticas públicas y el funcionamiento de los servicios públicos, estimular el control cívico sobre los actos de gobierno, la rendición de cuentas por parte de funcionarios y funcionarias, y contribuir a reducir la corrupción. Al mismo tiempo, es también una potente herramienta para que quienes ven vulnerados sus derechos más básicos -incluyendo educación, salud, vivienda- puedan conocer el modo en que se implementan las políticas que deberían asegurarlos, en pos de su efectivo ejercicio. Resulta evidente, entonces, que existe una estrecha relación entre el buen funcionamiento del sistema democrático, la transparencia estatal y los derechos humanos.
La sanción de la Ley Nacional N° 27.275 de Acceso a la Información Pública constituyó un hito de gran trascendencia para la disponibilización de información pública a nivel federal. Si bien varias provincias y la Ciudad de Buenos Aires ya contaban con leyes propias, desde la sanción de la ley nacional varias provincias adhirieron a ella o modificaron sus normativas internas para hacerlas más robustas.
La discusión de una ley que garantice el derecho de acceso a la información pública en la provincia de Tucumán debe tener en cuenta los estándares internacionales y nacionales vigentes en la materia. En este sentido, resulta necesario que la norma sea aplicable a todos los órganos del Estado, que imponga obligaciones claras sobre la información que el Estado debe publicar proactivamente, que prevea las excepciones respetando el principio de máxima divulgación, y que establezca una autoridad de aplicación independiente e idónea. En el documento “Hacia una agenda para la calidad democrática en la Provincia de Tucumán”, publicado en 2023, se incluye un análisis detallado respecto del modo en que debe asegurarse la máxima protección de este derecho en la provincia.
La Jurisprudencia local deja al descubierto que por más que la provincia de Tucumán no haya dictado una ley propia que reglamente el derecho de acceso a la información pública [ni haya adherido a la norma nacional], existe una tendencia judicial a garantizar su efectivo ejercicio, que va en línea con la letra de la
Constitución Provincial (entre otros, el artículo 24).
Como conclusión, existe un convencimiento cabal que hoy habilita a asegurar que los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional han ingresado de lleno y sin tapujos al sistema jurídico provincial tucumano, y ni los servidores públicos, ni los operadores jurídicos locales, deberían apañar dictados de normas contradictorias, ni proponer interpretaciones que restrinjan la aplicación de estos
instrumentos internacionales.
Antes bien, el compromiso tiene que consistir en diluir los límites entre ese derecho interno y el derecho internacional, para así lograr una aplicación y efectos inmediatos de las normas internacionales en el ordenamiento jurídico de Tucumán, con el fin de instaurar la idea final: generar “más derechos para más gente”.
- FUENTE 1: https://acij.org.ar/tucuman-debe-contar-con-una-ley-de-acceso-a-la-informacion-publica/
- FUENTE 2: El derecho de Acceso a la Información en la provincia de Tucumán, Autor: Federico José Terraf, articulo de doctrina.
